Impuestos ¿freno o palanca para el desarrollo?

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Las negrillas, subrayados y separación de algunos párrafos son para efectos de estudio. El autor es responsable de los conceptos y argumentos.

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Impuestos ¿freno o palanca para el desarrollo? 

Alberto Quiñónez AEE/JTR 

Agosto, 2011

Ciertamente, la juventud no puede permanecer callada frente a la problemática nacional y mucho menos respecto del quehacer para construir una realidad nueva. No obstante, creemos que la masa crítica de la juventud será la pala del futuro y no el acomodamiento a esa postura que precisamente nos ha excluido sistemáticamente. En este artículo pretendo exponer críticamente algunos elementos sobre la temática de los impuestos, en respuesta a un artículo escrito por Sergio Rodríguez Ávila, presidente de Mediolleno. 

Creemos que la juventud debe ser esencialmente crítica, con los dos componentes que dan vida a esta palabra: científica y política. Y también propositiva, pero proponer no se hace en el vacío sino después de tener claridad de las leyes que rigen el movimiento de la naturaleza y de la historia. Hay, ante todo, que dimensionar los alcances, los matices, las vinculaciones teóricas e históricas del devenir social, lo cual no puede hacerse desde la óptica, por ejemplo, de la economía neoclásica: no hay elementos que permitan prejuzgar la incidencia directa de los impuestos en el desarrollo económico. No obstante, hay algunos indicios que pueden dar luces sobre dicha relación, y que son los que describiremos en las páginas siguientes. 

Primero, es necesario apuntar que los impuestos y la deuda son las dos fuentes de recursos financieros del aparato de Estado; los ingresos tributarios en nuestro país, por ejemplo, representan el 94.3% de los ingresos totales del sector público (según datos del Ministerio de Hacienda). La importancia que radica en la imposición, en comparación de la deuda, es que son recursos que no compromete el pago futuro por parte del Estado. 

Segundo, en muchos países, principalmente en Europa, uno de los modelos que sirvió para mejorar el acceso de la población a condiciones que permitieran satisfacer sus necesidades materiales y culturales, fue el llamado Estado de Bienestar, que tenía a la base la aplicación de políticas económicas de corte keynesiano. Dentro de este paradigma se plantea un aparato estatal con amplia incidencia en el aspecto económico, esto permitía opacar algunas tendencias que el mercado generaba: empobrecimiento, concentración de la propiedad, ahogamiento de la competencia… Por el lado fiscal, la incidencia del Estado se lograba por dos vías: la captación de ingresos, que modificaba la distribución funcional de la renta; y la asignación del gasto público, que redistribuía la riqueza. Estos dos mecanismos permiten superar una tendencia ingénita del capitalismo: el ahogo de la demanda efectiva como producto de la concentración y centralización de la riqueza. 

En efecto, la situación de crisis actual está siendo enfrentada no con menos impuestos, sino con más. 

Para esto es importante ver el caso de los países de la Unión Europea, que están estableciendo impuestos a las transacciones internacionales, a las operaciones financieras, a la utilización de combustibles fósiles, y eliminando los paraísos fiscales, entre otras medidas; tal como lo expresa un comunicado de prensa del Parlamento Europeo de marzo del año pasado : 

En tercer lugar, hay que poner en examen el carácter de la estructura tributaria, es decir, analizar más allá de “los impuestos” en abstracto, cada una de las formas de imposición tributaria. 

En general, existen dos tipos de impuestos: los impuestos directos, que gravan los flujos monetarios; y los impuestos indirectos, que gravan las transacciones de bienes y servicios. La primacía de los impuestos indirectos supone sesgar la política tributaria con énfasis en la responsabilidad de los grupos con menos ingresos. 

En la sociedad, cada uno de los agentes económicos y clases sociales percibe magnitudes diferenciadas de flujos monetarios, mientras que las transacciones de bienes y servicios tienen el mismo precio para todos. Al descontar un porcentaje igual sobre precios dados, el impacto es más sustantivo para los grupos que perciben menores niveles de salarios.

Veamos un ejemplo: Un sujeto A recibe un salario de $200 y B de $6,000. Ambos gastan en la satisfacción de sus necesidades básicas $188 (costo de la canasta básica alimentaria para junio de 2011, según DIGESTYC). Como todos los bienes de la canasta básicas están gravados por el IVA (13% del gasto), tenemos que tanto A como B pagarían $24.4 de impuestos. Estos representan el 12.2% del salario de A y el 0.4% del salario de B. Mientras que a nuestro sujeto B le restan $5,812 para gastar en transporte, educación, salud, esparcimiento y recreación, entre otras cosas para él o ella y su familia, a nuestro sujeto A le restan $12 para satisfacer estas otras necesidades. Esta situación es la que justifica la necesidad de enfatizar los impuestos progresivos: que quien tiene más, pague proporcionalmente más. Y enfatizar la progresividad del gasto: que quien gana menos, tenga garantizadas sus necesidades vitales. No sólo se trata de que sean más impuestos o menos, se trata de identificar qué clases sociales pagan. 

En El Salvador, según datos del Ministerio de Hacienda, el IVA representa el 51% de los ingresos tributarios en contra del 34% representado por el impuesto a la renta, y no hay impuestos a la propiedad u otros rubros que pudieran ser estratégicos para el desarrollo (el caso del impuesto para la niñez, reseñada por la UNICEF). 

Históricamente esta composición se ha consolidado, siendo las clases con menores ingresos las que proporcionalmente aportan más a la hacienda pública. 

En cuarto lugar, al contrario de lo que dicta la experiencia sobre un Estado de Bienestar que con una fiscalidad consolidada pudo reducir las desigualdades y la pobreza, no existen argumentos para sostener que la menor cantidad de impuestos incentivan la iniciativa privada. Es más, la experiencia diría prácticamente lo contrario: altos niveles de recaudación permiten soslayar desde el aparato estatal los “daños colaterales” de la economía de mercado, esto sostiene la demanda agregada, aumenta la productividad del trabajo y la tasa de rentabilidad de los capitales, lo que en cauces apegados al sistema lima las aristas de la conflictividad social. Esto redunda en la atracción de inversiones y en el mantenimiento de la estabilidad política y social. Pero es obvio que la sanidad fiscal es el prerrequisito para solventar los “daños colaterales”: ampliar los servicios de salud, educación, seguridad social, Estado de Derecho. 

Como quinto punto, quiero apuntar que la falacia neoclásica de que la política pública en materia económica se reduce a las políticas fiscal y monetaria, deja de fuera el carácter multidimensional de la economía y del desarrollo, no sólo porque en la práctica la gestión económica del aparato estatal no se reduce a las políticas ya mencionadas, sino porque materialmente no puede reducirse a ellas: esos dos pivotes no alcanzan para manejar el aparato económico e incidir sobre el desenvolvimiento social. 

Para manejar la economía no basta la política fiscal y la política monetaria. 

Dentro de la economía neoclásica éstas se consideran las únicas por considerar que todo lo demás está dado, que todo lo demás ya funciona bajo los parámetros que defiende (apertura y liberalización de todos los mercados, estructuras competitivas, etc.). ¿Dónde queda la política comercial? ¿Dónde la política laboral, agrícola, de competencia? Para garantizar el desarrollo ¿dónde está la política ambiental, de niñez, de juventud, de género? 

En el momento presente, suponer que las demás políticas económicas quedan fuera del espectro de incidencia del Estado equivale a no tocar el fondo del problema. Por ejemplo, la balanza comercial se ha deteriorado progresivamente desde la entrada en vigencia del CAFTA-DR, cuyo caso más dramático se da en el caso de los alimentos, los cuales se han consolidado como un rubro de carácter netamente importador y que amarra la sostenibilidad de la vida de miles de personas a la tendencia alcista de los precios y a la escasez doméstica de los alimentos. Otro caso es el de la política laboral, que ha seguido el camino de la desregulación de las condiciones de trabajo y la rigidez de los salarios.

Entre 1991 y 2010 según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, los salarios mínimos urbanos apenas aumentaron en $1.5, mientras que para el área rural disminuyeron en $4. 

Tampoco escapa a nadie que viva en este país las terribles condiciones de trabajo en que se encuentran muchas mujeres trabajadoras en las maquilas, con jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el hecho de que exista un amplio sector de la población que se encuentra subempleado y con miles de niñas y niños que se ven obligados a trabajar para ayudar a la manutención de sus familias. 

Para finalizar, es necesario aclarar que no abogamos por más impuestos, ni por mayores tasas a los impuestos ya existentes; sino por una necesaria justicia fiscal, una transformación en el carácter de la estructura tributaria que cumpla la función redistributiva de la política fiscal y que permita alcanzar una carga tributaria suficiente al menos para solventar las necesidades más acuciantes del aparato estatal y de la sociedad salvadoreña.

Claro que todo esto deja de fuera una cosa fundamental: el problema no es la atracción de inversiones, sino las inversiones en sí mismas; no es la sanidad fiscal del Estado, sino la naturaleza misma del Estado; el problema no son fenómenos atípicos de la libre empresa, sino la contradicción fundamental en que el capitalismo incurre cuando la ganancia de unos se erige sobre el trabajo de otros. 

Para comprender esto sólo hay que preguntarse ¿qué harían los empresarios sin trabajadores, de dónde sacarían sus ganancias? Como ejercicio analítico para justificar la dominación, alguien nos devolvería la pregunta ¿qué harían los trabajadores sin los empresarios? Es obvio que bajo las relaciones de producción donde el trabajo está subsumido al capital, la ausencia de capitales significa la pérdida del empleo de los trabajadores y, a su vez, la pérdida de su salario. Sin embargo, la liberación del trabajo de los yugos del capital permitiría a los trabajadores trabajar para satisfacer sus propias necesidades, no para generar ganancias. 

No obstante en este circuito el papel fundamental son los trabajadores, en tanto que las maquinas, las instalaciones, el dinero por si mismos ¿Qué podrían producir? El ansia del lucro ha llevado a que el capitalismo se convierta en un absurdo: millones de niños, niñas, hombres y mujeres mueren de hambre en el África Subsahariana, mientras que en Estados Unidos e Inglaterra se desperdician alimentos en cantidades suficientes para erradicar el hambre en el mundo . Fuera de las condiciones coyunturales que han debilitado el crecimiento económico, el estancamiento y el subdesarrollo de nuestro país son productos estructurales, sistémicos, explicados por las contradicciones inherentes a la lógica que la acumulación capitalista tiene tanto a nivel nacional como internacional. 

La estructura económica mundial no sólo mantiene sino que refuerza y consolida el carácter dependiente de los países subdesarrollados tanto en el plano económico como en el político. En otros espacios hemos intentado demostrar que la inversión extranjera directa, por ejemplo, refuerza el mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo sin emitir, de suyo, ninguna señal para encauzar el desarrollo de los países; no consideramos que en el marco del sistema actual sea posible garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la humanidad, de la realización material y cultural de las personas.

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